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El fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela García, decretó el 18 de octubre de 2004 el archivo de la denuncia presentada ante él por el sindicato nacionalista CIG contra el conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, que el 29 de septiembre de 2004, en plena crisis del Partido Popular de Galicia, había afirmado: "Los que no hemos tenido ningún proceso de enriquecimiento paralelo a nuestra vida política no tenemos ningún problema, mientras que otros han experimentado un notable patrimonio".
[28/02/2005 - xornal.com]
Según el periodista especializado en tribunales José Vázquez, el fiscal consideró que "en tales manifestaciones no existen acusaciones concretas de delito contra ninguna persona en particular, al ser realizadas de forma genérica dentro de un determinado contexto". Con anterioridad a estas declaraciones, el conselleiro de Pesca había manifestado: "Yo soy de los que no tengo miedo» y recordó que «en los puestos de Gobierno se está para servir y no para enriquecerse". López Veiga había sido el primer miembro de la Xunta, al margen del presidente Manuel Fraga, que se pronunció sobre la crisis política abierta en el partido tras el malestar hecho público por el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, sobre los recientes cambios realizados por Fraga en la Xunta. La respuesta de los partidos políticos en la oposición, el PSOE y el BNG, fue rápida al solicitar la comparecencia de López Veiga ante el Parlamento, pero el sindicato nacionalista CIG fue más contundente, presentó de inmediato una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior, instando a su fiscal jefe a que llamase a declarar al conselleiro de Pesca para que le notificase el nombre de las personas que, según el conselleiro, habían cometido los presuntos actos delictivos. Lo primero que hizo Carlos Varela fue analizar los textos periodísticos, que acompañaban a la denuncia de la CIG, en donde se recogían con distinta intensidad las manifestaciones de López Veiga. Asimismo, el fiscal jefe recogió las noticias publicadas en los días siguientes, en las que el conselleiro intentó aclarar lo que había dicho, asegurando que cada uno podía interpretarlas como quisiera. Después de un primer análisis, Carlos Varela resolvió que antes de tomar una decisión, López Veiga declarase por escrito y alegase lo que considerara conveniente para aclarar aquellas manifestaciones y respondiese a las acusaciones de la denuncia de la CIG. Para ello le dio un plazo de diez días. Antes de que se cumpliese, el conselleiro de Pesca remitió al fiscal jefe un extenso escrito en donde afirma, entre otras consideraciones, que las manifestaciones fueron realizadas dentro de un concreto contexto y que no se refería a nadie en particular, sino de una forma genérica. Una vez que López Veiga testificó, el fiscal decretó el archivo de las diligencias informativas, abiertas por la denuncia de la CIG.
EL CASO CATALÁN.- En el caso catalán, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), José María Mena, explicó que la fiscalía abrirá "diligencias preprocesales" una vez reciba el acta de la sesión de Parlamento catalán donde Pasqual Maragall hizo las acusaciones contra CiU sobre posibles cobros del 3% en la adjudicación de obras públicas. Por "diligencias preprocesales" se entiende, según explica El País, una serie de comprobaciones y averiguaciones para aclarar si hay o no indicios de alguna actuación delictiva y presentar ante los juzgados una denuncia o querella contra los supuestos autores. Este tipo de investigación no tenía un tiempo acotado y la reforma del Estatuto Fiscal -en mayo de 2003- lo estableció en un máximo de seis meses, plazo sólo prorrogable si así lo autoriza el fiscal general del Estado. El fiscal de Cataluña abre las diligencias para averiguar si puede deducirse que hay "un delito de malversación de caudales públicos u otros". La malversación de caudales públicos sería el supuesto desvío de dinero público para la financiación de CiU.

RESPONSABLES:
"EX-CONSELLEIRO DE PESCA: Enrique López Veiga"