minutodigital.com: 04.06.07

En agosto de 2006, Galicia ardió. Los incendios llegaron a rodear ciudades como Orense y Santiago. Aunque se conocieron casos de miembros de brigadas forestales despedidos, pese a sus años de experiencia, por no hablar el gallego normalizado, los políticos del PSOE y del BNG, así como sus intelectuales, culparon a una trama de resentidos, montada por el PP, de los fuegos. Poco a poco se va sabiendo la verdad.

Varios fuegos pueden haber sido causados por la negligencia de ADIF, el ente administrativo que gestiona la infraestructura ferroviaria y que depende del Ministerio de Fomento, o sea, de Magdalena Álvarez, una de las ministras-florero de Rodríguez.

Las brigadas de investigación forestal, dependientes de la consejería de Medio Ambiente, catalogaron el año pasado 13 incendios forestales provocados por el tren. Además del que afectó a la localidad orensana de Punxín en mayo del 2006, también se registraron fuegos en Sober, Ribadavia (2), Maside (2), Crecente y Vilaboa (Pontevedra).

Después de este informe, la fiscalía de Orense ha intervenido de oficio y, según ha publicado ‘La Voz de Galicia’, ha presentado dos querellas en las que se ha imputado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a la empresa eléctrica Unión Fenosa y a la Consellería de Industria.

La primera de las denuncias se ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de O Carballiño y se debe a un fuego forestal que en mayo de 2006 arrasó numerosas hectáreas de monte del municipio orensano de Punxín. La deficiente limpieza de las vías del tren y de sus zonas de servidumbre podría haber dejado combustible para que los chispazos del tren en contacto con los raíles originasen el incendio. La Fiscalía acusa directamente a tres responsables del administrador ferroviario que están imputados en un delito de incendio forestal imprudente.

La segunda denuncia de la Fiscalía apunta a Fenosa y a la Consellería de Industria como responsables de diez incendios forestales en los meses de verano del 2005 y el 2006. A la empresa se atribuye un deficiente mantenimiento de las redes de baja tensión. La Xunta, presidida por el socialista Emilio Pérez-Touriño con el apoyo del BNG, es la garante de la operatividad y seguridad de la red eléctrica.