http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=28&idNoticia=107691

M. G. • PORTO DO SON

La contestación ofrecida en el Parlamento gallego por la conselleira de Política Territorial, María José Caride, sobre la adquisición de unas fincas para su recalificación por parte del concejal socialista de Porto do Son Juan Manuel Vázquez García no convenció a los grupos municipales de la oposición de ese municipio (PP y BNG). Tanto nacionalistas como populares consideran que a la conselleira le faltó "valentía política" para afrontar este problema, pese a que la Fiscalía imputó al ex edil de Urbanismo un presunto delito por aprovecharse de información privilegiada en función de su cargo para comprar unas fincas.
Caride indicó durante su intervención parlamentaria que ni ella ni su departamento "están para saber" si un determinado plan urbanístico "beneficia" a un miembro del gobierno municipal, tal como ocurrió en Porto do Son. "Yo no soy responsable de los comportamientos del concejal de Urbanismo", dijo.
A este respecto, el portavoz del PP, Antonio González Groveiro, señaló que con esta respuesta de la conselleira "los infractores urbanísticos quedan muy contentos y felices porque ahora en Porto do Son se le da una cobertura que antes no tenían". Groveiro subrayó que esta contestación es de "poca valentía política" para afrontar la realidad y "hace un efecto llamada a la infracción urbanística".
Para el edil del PP, Caride está defendiendo a un concejal con responsabilidades en Urbanismo "para que desempeñe su cargo bajo sospecha", en alusión a que fue cesado en ese departamento pero continúa ejerciendo como edil y hombre fuerte del gobierno de Ramón Quintáns. De la misma forma, recordó que el propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ordenó su destitución, "pero sigue teniendo acceso a información privilegiada dentro de la Corporación municipal cuando no debería hacerlo por su condición de imputado por la Fiscalía".
"Agachar la cabeza"
Por su parte, la portavoz del BNG, Ánxela Franco Pouso, afirmó que no le parece normal que "la conselleira agache la cabeza debajo del ala como el avestruz" para "escabullirse y no afrontar este problema". La concejala nacionalista señaló que los desmadres urbanísticos "no tienen colores políticos y si los hay habrá que resolverlos".
Franco aseguró que el BNG "quiere evitar que Porto do Son se convierta en otro Portosín, un ejemplo del peor urbanismo que se puede practicar en un pueblo". Asimismo, alertó que si no se pone remedio a tiempo "el casco urbano sonense se va a convertir en Portosín II".

LA CLAVE

Quintáns sigue defendiendo
El alcalde de O Son, Ramón Quintáns Vila, no quiso entrar a valorar las palabras de la conselleira de Política Territorial pero quiso dejar claro que si el fiscal no demuestra que Juan Manuel Vázquez hizo algo ilegal deben dimitir tanto el portavoz del PP, Antonio González Groveiro, como la del BNG, Ánxela Franco Pouso, por sus denuncias.
El regidor, que en el momento de la llamada de este diario se encontraba en el congreso sobre urbanismo que se celebraba en Santiago, volvió a defender la inocencia de su concejal asegurando que "los únicos que tuvieron información privilegiada del PXOM fueron el PP y el BNG, ya que tanto un grupo como el otro tiene desde el año 2000 una copia del borrador en su poder". A este respecto, afirmó que, pese a que se efectuaron algunas modificaciones en el planeamiento, éstas no afectaron a los terrenos que adquirió Juan Manuel Vázquez en Portosín, que, según explicó, su calificación fue modificada en el momento de redactar el plan "antes de que fuera elegido concejal". No obstante, Quintáns después de recibir presiones cesó al edil de su delegación de Urbanismo .
RESPONSABLES:

"EX-CONCEJAL PORTO DO SON: JUAN MANUEL VAZQUEZ"