http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=9&idMenu=28&idNoticia=213108

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el empresario de Porto do Son Carlos Javier Tomé Queiruga contra la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña del pasado 29 de septiembre de 2004, en la que se declara conforme a derecho la resolución del Ayuntamiento que ordena la demolición de una nave y parte de otra de su propiedad. Contra este fallo, al que tuvo acceso este diario, no cabe recurso ordinario alguno.

El TSXG no observa ninguna irregularidad en la tramitación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística incoado al empresario por las obras. Así, señala que durante el plazo ofrecido por el Concello no presentó alegaciones para legalizar los trabajos ejecutados al margen del proyecto presentado.

Más superficie

La orden de demolición afecta a una nave de 885 metros cuadrados y a 344 de otra, de la que se deberán dejar construidos tan sólo 180,50. Las instalaciones en litigio, dedicadas a almacén de material de construcción, están situadas en A Gafa, en la parroquia sonense de Miñortos.

El propietario asegura que sus abogados aún no le han comunicado la sentencia. No obstante, anuncia que va a seguir recurriendo a los órganos superiores. El empresario explica que ha tratado de reponer la legalidad con la adquisición de más terreno colindante para que no sea necesario llegar a la demolición.

Sin licencia

El fallo del Contencioso-Administrativo apunta que las naves fueron construidas sin licencia e ignorando los requerimientos legalizatorios posteriores que le fueron dirigidos al propietario por el Ayuntamiento. Ahora, el TSXG la corrobora y añade que desestima el recurso de apelación presentado pero sin imposición de las costas procesantes al apelante. A este respecto, considera que la sentencia recurrida no puede "tacharse de incongruente" al desestimar íntegramente la demanda del empresario por estar argumentada con razonamientos jurídicos que sustentan la legalidad de las resoluciones remitidas por el Ayuntamiento para ordenar la demolición de las naves.
REPONSABLES:


"empresario de Porto do Son Carlos Javier Tomé Queiruga "