Galicia Denuncia

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La trama urdida en torno al presunto cobro de sobreprecios de viviendas de precio concertado en San Paio de Navia por parte de la empresa ConstruCuatro cuenta con más protagonistas que el portavoz del PP de Pontevedra, Telmo Martín. La "sorpresa" anunciada ayer por el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, puede ceñirse a que, según consta en la denuncia presentada ante el juzgado, el director general y presidente del consejo de administración la empresa, Eugenio Sobral Fernández, hermano del alcalde de Poio por el BNG, fue la persona que cobró el dinero en el momento de la firma del contrato de reserva de la vivienda. En las denuncias que serán presentadas en octubre constará que otros afectados habrían entregado el dinero al también accionista y propietario del 33 por ciento de la constructora, J.T.G. Hasta ahora, ningún afectado señala a Telmo Martín como la persona a quien entregaron las cantidades exigidas para consumar la venta de los pisos.
Entretanto, en la delegación de Vivenda de Vigo finalizaron ayer las comparecencias de los residentes del Edificio Castelao ante los funcionarios expresamente desplazados de Pontevedra. En ellas se ha constatado que los propietarios pagaron fuera de escritura el dinero que les exigió la empresa a través de hasta seis intermediarios, con diferencias de hasta 2.000 euros en función de la altura, bajo la amenaza de no venderles la vivienda.
Los denunciantes insisten en que antes de presentar la demanda por la vía penal en diciembre de 2006 expusieron la extorsión a la que se les sometía tanto en Vivenda de Vigo como de Santiago, donde llegaron a ofrecerse como "ganchos" para desenmascarar la trama recibiendo una negativa como respuesta. "Nosotros queríamos que nos ayudaran porque oíamos constantemente como animaban a la gente a denunciar y nos encontramos con que nadie nos hizo caso, llegando a decirnos que si la situación era esa, que no compráramos los pisos y por eso fuimos directamente al juzgado", asegura uno de los denunciantes.
Ante esta situación, los afectados se plantean exigir responsabilidades a la Consellería "por no habernos atendido cuando dijimos lo que nos pasaba".
RESPONSABLES: