http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/11/11/3197427.shtml
Como presunto autor de un caso de prevaricación, por imprudencia, aparece el delegado de Medio Ambiente, Agustín Prado Verdeal, en las diligencias abiertas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense. La denuncia que origina la apertura de estas diligencias penales, formulada el pasado agosto por el representante de una comunidad de montes, viene precedida de una controversia por la explotación y, en el fondo, por la titularidad del monte Forcadas en el municipio de Vilamartín de Valdeorras. Por un lado, vecinos de O Mazo; por otro, Córgomo (Río Farelos y Porqueira).
La imputación al delegado de Medio Ambiente se sustenta en la adjudicación directa, en febrero del 2004, de un lote de madera afectada por un incendio del verano del 2000 en el monte Río Farelos e Porqueira, perteneciente, según la documentación de la Xunta, a la los vecinos de O Mazo. El hecho de que fuese adjudicada a una empresa maderera por 3.200 euros, cuando, tres años antes, otra firma del mismo sector había ofrecido 102.815 euros (17,1 millones de las antiguas pesetas), supone para el autor de la denuncia una irregularidad y una presunta prevaricación.
De 102.800 a 3.200 euros
La publicación en el DOG de 20 de marzo del 2001 de la convocatoria de subasta para la venta de un lote de madera, tasado en 63.234 euros (10,5 millones de las antiguas pesetas), marca el origen de este episodio que ahora investiga un juzgado ourensano. Pocas fechas después, el 26 de abril del 2001, se celebró la sesión para enajenar en pública subasta los lotes de madera afectados por aquel anuncio, habiendo ofertado la firma Maderas Villapol S.A. la cantidad de 102.815 euros (17,1 millones de pesetas).
Casi tres años después, Pese a ello, el 27 de febrero del 2004 dictó el delegado de Medio Ambiente una resolución en la que, por el sistema de adjudicación directa, confirió el aprovechamiento de la referida madera, 6.189 metros cúbicos, a Maderas Barreiros S.L. por 3.200 euros, según subraya el denunciante.
La supuesta ausencia de razones que justifiquen la reducción del valor de la madera, llamativa si se comparan 3.200 euros con 102.815 euros, ha llevado al representante de la comunidad de montes de Córgomo, Portela y Barxeles, a formular la correspondiente denuncia, una vez que un informe de un bufete de abogados de Vigo concluía la existencia de indicios suficientes de delito por parte de Prado Verdeal.
La denuncia incorpora un informe, realizado por un ingeniero forestal, en el que la madera objeto de controversia es tasada en 144.143 euros (23,9 millones de las pesetas).
Sorpresa institucional
La formulación de la denuncia, que ya ha dado lugar a una solicitud de documentación por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ourense, ha sorprendido en Medio Ambiente. De la información que la administración maneja se desprende que entre mayo del 2001 y febrero del 2004 se sucedieron una serie de acontecimientos que resultan determinantes para explicar lo ocurrido. Y no aparecen en la denuncia de Belisario Conde contra Prado Verdeal.
Para Medio Ambiente adquiere especial significación que la comunidad de Córgomo hubiese formalizado ante la Xunta un recurso en defensa de sus supuestos derechos sobre el monte. Las pretensiones de Córgomo fueron desestimadas en agosto del 2001 y, prácticamente al mismo tiempo, la empresa Maderas Villapol, adjudicataria de la madera en la subasta pública, renunció al aprovechamiento «en base a innumerables problemas coa comunidade de Córgomo no momento de tentar levar a cabo dito aproveitamento». Dicho de otro modo, como les impedían la entrada en el monte, renunciaba.
Deterioro irreversible
En octubre del 2001, la comunidad de O Mazo pidió, sin éxito, que se convocase una nueva subasta pública, por el deterioro que empezaba a sufrir la madera y que siguió su proceso irreversible hasta marzo del 2004, fecha en la que su valor, de acuerdo con información de la Xunta, había tocado fondo.
Durante ese largo período entre escritos, recursos y desencuentros, tampoco tuvo éxito una propuesta del delegado de Medio Ambiente para retirar la madera del monte, cobrarla, bloquear el dinero en una cuenta y entregarlo a quien en su momento dictaminase la Justicia, caso de persistir el enfrentamiento. Siguió pudriéndose hasta que en febrero del 2004, después de que llegasen a la delegación informes de agentes forestales que alertaban sobre el peligro de caída a la carretera de aquellos árboles, se hizo una adjudicación directa.
Semanas después, el Tribunal Superior de Galicia dio la razón a la Xunta y a O Mazo, en contra de Córgomo. Y, casi a renglón seguido, la denuncia por prevaricación.
RESPONSABLES:
