http://www.xabierpita.es/2007/09/el_consello_de_contas_revisara.php
Los gobiernos locales de las tres localidades debieron enfrentarse en ese
periodo a denuncias judiciales por irregularidades y su normativa sobre el
planeamiento recibió el rechazo de la Xunta.
Tres de los municipios de la comarca coruñesa en los que se han producido
mayores polémicas por la gestión urbanística -Arteixo, Sada y Oleiros- figuran
entre los que serán investigados de forma especial por el Consello de Contas de
Galicia en los próximos meses. El organismo público fiscalizará la labor de
disciplina urbanística llevada a cabo por estos ayuntamientos durante los años
2005 y 2006, con el fin de comprobar si las actuaciones municipales en esta
materia se ajustan a la legalidad.
Dos de los alcaldes que presidían los gobiernos locales de estos municipios
en los ejercicios que serán investigados -Manuel Pose en Arteixo y Ramón
Rodríguez Ares en Sada- perdieron el bastón de mando tras las últimas elecciones
municipales, mientras que el de Oleiros, Ángel García Seoane, vio disminuido el
respaldo de los votantes y se ve obligado a gobernar en minoría.
La situación en la que desenvuelven su actividad urbanística estos tres
ayuntamientos es compleja, ya que dos de ellos carecen de Plan General de
Ordenación Municipal (PGOM) y el tercero ha sido incapaz de modificar esta
norma. En los tres casos, la Xunta paralizó las iniciativas llevadas a cabo por
los respectivos gobiernos municipales para dotarse de nuevas reglas
urbanísticas, al apreciar los técnicos autonómicos que los contenidos de los
planes presentados no cumplían los preceptos legales.
En el pasado mes de marzo, la Consellería de Política Territorial mostraba su
rechazo al nuevo PGOM de Oleiros, en el que destacaba la ausencia de la
preceptiva evaluación ambiental y la existencia de aumentos injustificados del
suelo urbanizable.
A esta situación hay que añadir la denuncia presentada contra el alcalde,
Ángel García Seoane, por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, que tomó como base las informaciones publicadas por LA OPINIÓN acerca
de los negocios inmobiliarios del regidor. Seoane deberá prestar declaración el
próximo día 1 de octubre en calidad de imputado por el supuesto delito de
negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, por el que podría ser
condenado a seis años de prisión.
Este periódico desveló que el alcalde se había dado de alta en Hacienda como
promotor inmobiliario, actividad con la que se dedicó a la compra de fincas.
Estas parcelas incrementaron posteriormente su valor mediante recalificaciones
urbanísticas que fueron aprobadas por el Concello que él mismo preside, según
destaca el texto de la denuncia interpuesta por el fiscal.
El anterior regidor de Arteixo, Manuel Pose, comparte la vocación de García
Seoane por el negocio inmobiliario, ya que se vio obligado a reconocer en el
pleno lo que había avanzado LA OPINIÓN: cinco de sus empresas desarrollan
actividad en el municipio cuyo Gobierno local presidía y en algunos casos aprobó
con su propio voto licencias de construcción para estas compañías.
Pese a que el entonces regidor insistió una y otra vez en la legalidad de su
actuación, también en este caso la Fiscalía del Tribunal Superior decidió
intervenir, para lo que abrió una investigación, en el transcurso de la cual
solicitó al Ayuntamiento el envío de más de 500 expedientes urbanísticos
aprobados por el Ayuntamiento durante los dos últimos años.
Las sucesivas denuncias sobre cuestiones relacionadas con el urbanismo que se
produjeron en Arteixo en la pasada legislatura fueron la raíz de la ruptura del
grupo municipal del Partido Popular, cinco de cuyos concejales abandonaron la
disciplina de la formación y posteriormente ingresaron en Terra Galega. La
escisión pasó factura a Pose, quien perdió la mayoría absoluta en las elecciones
y así hizo posible un acuerdo entre sus antiguos compañeros y los socialistas
que llevó a Pilar Souto a la Alcaldía.
El nuevo Gobierno local debe enfrentarse a una de las herencias dejadas por
el anterior alcalde: la carencia de un plan general, debida a que el proyecto
presentado por Pose fue rechazado por la Xunta.
También Sada atraviesa una situación complicada desde el punto de vista
urbanístico, ya que el anterior Ejecutivo municipal vio denegadas hasta en tres
ocasiones las propuestas de PGOM enviadas a la Administración autonómica. La
actuación del equipo de gobierno que dirigía Rodríguez Ares llevó incluso a
Política Territorial a suspender en 2005 las Normas Subsidiarias de Planeamiento
con las que el Concello regía su política urbanística y a establecer unas de
carácter provisional.
Precisamente durante este mes se llevará a cabo una reunión entre
representantes municipales y de la consellería con el fin de introducir cambios
en esa normativa que permitan gestionar de una forma más eficaz el urbanismo en
esta localidad.
Sada fue además el escenario de una de las operaciones inmobiliarias de mayor
calado paralizadas por la Justicia, el complejo residencial Puerto Infanta,
anulado por el Tribunal Superior gallego por el exceso de edificabilidad
previsto en la zona costera, donde se pretendían levantar 469 viviendas, un
hotel y un puerto deportivo. La sentencia hacía especial alusión al denominado
"efecto de apantallamiento" que crearían los edificios proyectados en el borde
del mar.
Actuaciones bajo sospecha
La investigación que desarrollará el Consello de Contas sobre la gestión
urbanística afectará también a otros municipios coruñeses -todos ellos costeros-
en los que en los últimos años se han sucedido las denuncias por iniciativas
inmobiliarias o por la elaboración de normas sobre el suelo que chocaban con la
legalidad.
Entre estas localidades se hallan Ares, cuyo anterior Gobierno local
construyó el nuevo Ayuntamiento sobre una zona verde; Cabanas, donde la anterior
alcaldesa, Modesta Anca, se vio obligada a dimitir tras ser condenada por una
prevaricación en materia urbanística; Fisterra y Malpica, en donde más 300
viviendas situadas junto al mar se hallan paralizadas por un recurso presentado
por la Xunta; Ortigueira, a cuyo equipo de gobierno Política Territorial acaba
de rechazar el proyecto del plan general por permitir duplicar el número de
viviendas existente; y Miño, municipio en el que el Tribunal Superior anuló la
adjudicación a Fadesa de una urbanización y un campo de golf.
RESPONSABLES:
CONCELLO ARTEIXO
CONCELLO SADA
CONCELLO OLEIROS
CONCELLO ARES
EX-ALCALDESA CABANAS: MODESTA ANCA
CONCELLO FISTERRA
CONCELLO MALPICA
CONCELLO ORTIGUEIRA
CONCELLO MIÑO
EMPRESA: FADESA
