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EL PAÍS prosigue la serie sobre las agresiones al litoral español con una investigación propia sobre el urbanismo salvaje en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En noviembre, este periódico publicó el análisis de la costa mediterránea basándose en una informe del Ministerio de Medio Ambiente.
Al final del puente, un guardia jurado y una barrera impiden el acceso al islote de Toralla, junto a una de las mayores playas de Vigo. Sólo los residentes y sus invitados pueden entrar en ese vestigio del desarrollismo de los años sesenta, constituido por una torre de 70 metros cimentada en la misma ría y 30 selectos chalés que llegan hasta donde rompen las olas.
La Xunta cree que aún está "a tiempo" de parar la 'marbellización'
Una torre de 70 metros en una isla privada arruina el paisaje de Las Cíes
Es la segunda autonomía con más casos de corrupción urbanística
La presión de las inmobiliarias sobre los consistorios vale 84.000 millones
En Toralla no hay dominio público, servidumbre de paso ni zarandajas, sino una comunidad de propietarios y una sociedad, Toralla, S.A., con una concesión sobre la isla hasta 2064. Hasta finales de los años noventa, el guardia y su barrera custodiaban esta franja de tierra de no más de cinco hectáreas, pero una sentencia del Tribunal Supremo obligó a retrasar el puesto de control y a permitir el acceso público a las dos pequeñas playas de la isla.
Se trata en realidad de un único arenal dividido por el propio puente, un ejemplo más del daño que el urbanismo ha infligido a uno de los lugares de mayor belleza natural del litoral. Con las islas Cíes como telón de fondo, la brutal torre de 21 plantas tiñe el paisaje de hormigón.
Toralla era un caso asilado en Galicia, que tiene casi la tercera parte de la costa peninsular española, y que había permanecido intacta a la fiebre de urbanizaciones turísticas. Hasta ahora. En los 86 municipios de la costa gallega se han construido, en toda la historia, 816.000 viviendas. Los ayuntamientos están ahora recalificando hasta la tierra de las macetas para poder edificar 680.000 en sólo 13 años; más que las previstas, por ejemplo, en la Costa del Sol.
La tramitación de macrourbanizaciones (de entre 1.000 y 5.000 viviendas) costeras trasladan a las rías gallegas el modelo mediterráneo: apartamentos, adosados, campos de golf y marinas en primera línea de playa, zonas en las que hasta ahora sólo se podía construir vivienda aislada. Incluso están siendo tramitadas por inmobiliarias levantinas, como Lábaro o Pedro J. Pedrajas.
El mejor ejemplo de la importación del método Mediterráneo es Miño, un bello municipio en la ría de Betanzos en el que se están construyendo 1.300 viviendas con campo de golf y hotel, sin depuradora ni red propia de abastecimiento de aguas. El Ayuntamiento expropió más de un millón de metros cuadrados de suelo forestal para darle la concesión a la inmobiliaria Fadesa. Es la primera expropiación que se realiza en Galicia para acometer una urbanización privada con venta obligatoria del suelo a seis euros el metro cuadrado. Fadesa los vende ahora entre 2.000 y 6.000.
"Es una presión inmobiliaria que nos deshace el país de arriba abajo y por eso queremos parar el golpe", asegura el presidente socialista de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. El 16 de mayo de 2007, el Gobierno gallego publicó la denominada Ley de los 500 metros, un documento de medidas urgentes para suspender todas las edificaciones a menos de 500 metros del mar. "Aún estamos a tiempo", opinan en la Consellería de Política Territorial, indicando que su objetivo es tratar de evitar la marbellización de la costa gallega.
"El problema de la costa gallega es que está sin ordenar. A nosotros nos da igual edificar a 500 que a 3.000 metros de la costa, lo que pedimos es que se nos diga dónde, con transparencia y con planes urbanísticos aprobados", subraya el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Galicia, Javier Garrido Valenzuela.
La peculiaridad del litoral gallego, y lo que ha generado mayor contestación social al urbanismo que en otras zonas de España, es que nunca ha vivido del turismo. La economía costera gallega sigue basándose en la pesca, el marisqueo y la industria asociada al mar (astilleros, conserveras, cetáreas, frigoríficos, piscifactorías), y no en pelotazos inmobiliarios.
La otra peculiaridad es que la costa gallega tiene una elavada densidad de población, pero la mayoría del litoral está exento de macrourbanizaciones. Eso no quiere decir que la costa esté desocupada, si no que predomina la vivienda aislada (legal o ilegal). Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 15% del primer kilómetro de costa gallego ya está artificialmente ocupado. Es una ocupación mayor a la de Baleares o Canarias, que tienen una longitud de costa similar a Galicia pero una explotación turística muchísimo mayor. En la franja marítima gallega hay unos 300 núcleos de población, todos con puerto marinero y casco urbano históricamente construido ante el mar. "Hasta ahora la costa gallega sólo disponía de demanda de edificación local, para el veraneo de la Galicia urbana, y ahora hay una fuerte demanda nacional e internacional", dice el presidente de los promotores.
Debido a su malas comunicaciones y a la maldición climática, Galicia salió casi intacta de la fiebre inmobiliaria de los años 80 y 90 que destrozó otras zonas del litoral. Pero en 2001 se detectaron los primeros desembarcos inmobiliarios a gran escala. Las grandes inmobiliarias (Metrovacesa, Vallehermoso, ACS, OHL, Urbis...) que hasta entonces no operaban en Galicia iniciaron la compra de grandes extensiones de suelo rústico en la costa. Fuentes del sector calculan que los grandes jugadores han comprado unos 30 millones de metros cuadrados de litoral con la intención de lograr su recalificación y construir. La oleada de convenios urbanísticos con ayuntamientos fue tan voluminosa que incluso empezaron a publicarse anuncios en los periódicos gallegos demandando abogados expertos en urbanismo.
En 2002, la Xunta (entonces gobernada por el PP) aprobó la Ley del Suelo de Galicia y obligó a todos los municipios a adaptar su urbanismo en un plazo máximo de tres años. La norma era más restrictiva, aunque abría la puerta a recalificar suelo mediante convenios específicos.
Dos años después, los ayuntamientos informaron de que tenían sobre la mesa 45 convenios para edificar 35.000 apartamentos y 17 campos de golf en zonas en donde no estaba autorizado construir. Ninguno adaptó su planeamiento a la nueva ley, pero aprovecharon el plazo de tres años que tenían para adaptarse a la ley para seguir dando licencias, muchas de dudosa legalidad. En los mejores lugares de la costa (Rías Bajas, Costa da Morte, Mariña de Lugo) afloraron urbanizaciones de cuño mediterráneo. La situación reventó a finales de 2006. La Xunta empezó a suspender las normas urbanísticas en varios ayuntamientos o a rechazar los nuevos planes con inflación recalificadora.
Al mismo tiempo, el presidente gallego anunció la redacción de una ley urgente para proteger la costa, que establece una moratoria de dos años para construir a menos de 500 metros del mar en los municipios sin planeamientro adaptado a la ley. Hoy están suspendidos los planes de urbanismo de cinco municipios costeros (Tui, Sada, Viveiro, Barreiros y O Grove) y la Xunta ordenó reelaborar planes tan importantes como el de Vigo.
Sólo uno de los 86 alcaldes de la costa ha adaptado su urbanismo a la Ley de Suelo de 2002 y por ello queda eximido de la suspensión de construir a menos de 500 metros del mar. Se trata de Isaac Maceiras (PP) regidor de A Pobra do Caramiñal en la ría de Arousa. Su nuevo plan aumenta la edificabilidad en un 297%, una constatación de lo que está por llegar a la costa gallega. "A Pobra es un pueblo que nació bonito, es bonito y mientras yo sea alcalde seguirá siendo bonito", asegura Maceiras.
La suerte que ha tenido el nuevo Gobierno gallego (PSOE- BNG) es que urbanísticamente aún estaba todo por hacer, con lo que ha podido parar el golpe. A excepción de A Pobra do Caramiñal, el resto del litoral gallego (85 ayuntamientos) están en situación urbanística de alegalidad, al no haber adaptado antes de 2006 sus planes a la nueva Ley del Suelo de Galicia. Esto es lo que ha permitido a la Xunta aplicar la suspensión de edificaciones a 500 metros del mar a toda la fachada marítima, desde Ribadeo hasta A Guarda.
La medida cautelar afecta a una franja de 60.000 hectáreas, que representa el 13% del suelo de los municipios costeros, la banda más deseada por las constructoras. La Ley de los 500 metros ya ha bloqueado, de hecho, un total de 30 millones de metros cuadrados que, estando a menos de medio kilómetro del mar, ya habían sido recalificados como urbanizables.
Además, los fiscales iniciaron en 2006 la imputación de alcaldes, concejales, arquitectos y promotores por supuesta corrupción urbanística. Galicia es, tras Andalucía, la autonomía con más casos de corrupción abiertos por las nuevas Unidades de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil en los últimos seis meses. Hay en marcha 14 operaciones por prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho o incumplimiento manifiesto de la legalidad urbanística. A ellos se añaden otros diez casos en curso abiertos antes de marzo de este año.
El pelotazo está en el tejado. La mayoría de los ayuntamientos costeros han contratado consultoras urbanísticas privadas y tienen casi elaborados planes para duplicar su edificabilidad. El caso más inminente es Vigo (del PP pasó en mayo al PSOE y BNG) donde se mantiene una edificabilidad un 101% superior a la actual, con más de 110.000 viviendas nuevas.
La presión que está ejerciendo sobre la Xunta y los ayuntamientos el sector inmobiliario y buena parte del mundo empresarial gallego, es enorme. Hablan de inversiones de más de 84.000 millones de euros, casi diez veces el presupuesto de la Xunta. Las hectáreas que han comprado en Galicia son la mayor amenaza para la más extensa de las costas de la España peninsular.
RESPONSABLES:
'empresa toralla s a'
'parlamento galego'
